TRANSITANDO POR LA CUERDA FLOJA

1976 - 24 de marzo – 2009

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¡Aquel día no lo podemos olvidar!

Ninguna de nosotras pudo imaginar jamás toda la tragedia y el dolor que venía después del 24 de marzo de 1976, cuando en forma institucional comienzan los secuestros, las torturas, los asesinatos, las prisiones clandestinas.

¡Nuestros hijos! ¡No estaban! ¿Qué sucedía? Éramos ingenuas, esperábamos su regreso. Nos juntamos, no nos callamos. A instancias de Azucena Villaflor de De Vincenti fuimos a la Plaza de Mayo; y aun seguimos yendo los jueves a las 15:30 hs.

Nuestra presencia allí significa que aun esperamos, aun clamamos una respuesta que pedimos hacen ya 32 años. ¿Por qué se los llevaron, quién dio la orden, quién la ejecutó, cuál fue su destino final?
Aun esperamos que la Justicia, con mayúscula, la verdadera justicia, nos responda a nuestra súplica.

Miles de Madres y padres han quedado en el camino buscando y esperando a sus hijos y sus hijas. Las que todavía tenemos fuerzas acá estamos luchando contra todas las injusticias que sufre nuestro pueblo. El sentir de nuestros hijos se ha hecho carne en nosotras, asumimos su solidaridad y militancia. Queremos Verdad y Justicia para todos. Queremos que los represores sean juzgados y condenados en cárceles comunes, no de privilegio.

No queremos venganza, no queremos violencia. Queremos que reine la Paz y el bienestar, que la Argentina vuelva a renacer. Que no hayan más chicos con hambre, más hospitales desbastados, más jubilados sin poder comprar sus remedios y vivir dignamente. Queremos más maestros para que nuestros niños puedan ir todos al colegio, sueldos dignos, trabajos dignos. Será el futuro del país, como nuestros hijos lo soñaron.

Con Memoria, Verdad y Justicia venceremos a la Impunidad.
¡Nunca Más un 24 de marzo de 1976!

La generación que falta nos sigue guiando, ellas y ellos están a nuestro lado. ¡No los han vencido!

EL 24 de marzo LA PLAZA DIVIDIDA

News - Argentina

http://www.deigualaigual.net

Monday, 23 March 2009 05:05
Argentina: 1976 - 24 DE MARZO - 2009
por HIJOS Tucumán

Este 24 de Marzo, a 33 años del Golpe Militar y 34 años del inicio del Operativo Independencia, H.I.J.O.S. junto a los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán, convocó, como lo viene haciendo todos los años, a todos los sectores con los que históricamente hemos trabajado para organizar las actividades conmemorativas de la fecha.

En ese contexto, desde un principio sostuvimos que buscábamos centrar el eje de la movilización en la JUSTICIA, para que todos y cada uno de los responsables del genocidio sean condenados.

El eje de “juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices”, que venimos sosteniendo desde nuestra conformación como organización política, excede a la condena concreta a los responsables del Terrorismo de Estado. Tiene un contenido histórico y político, directamente relacionado con la reivindicación de la lucha política, gremial, revolucionaria, social de los 30.000 detenidos desaparecidos. Tiene directa relación con nuestro compromiso por un país más justo, sin desigualdades, sin desocupación, sin pobreza.-

Marchar por el “Juicio y Castigo” en este 24 de marzo, lejos de implicar una falta de análisis de la realidad del país, obedecía a hechos concretos acontecidos en los últimos meses y que refuerzan lo que sostenemos, en años de militancia: que la impunidad que vivimos hoy es consecuencia directa de los crímenes de ayer.

En cada reunión que sostuvimos, informamos de la situación de intimidación y amenazas que vienen sufriendo sistemáticamente nuestros abogados, familiares de desaparecidos y testigos. Actos de amedrentamiento perpetrados por parte de la patota del ex comisario Camilo Orce, socio de Mario “Malevo” Ferreyra, implicados en la causa Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Debe incorporarse al análisis de esta situación, la convocatoria, a modo de provocación, que realiza el partido “Reivindicación Histórica y Social”. Estos autoproclamados “ex combatientes del Operativo Independencia” convocan el mismo 24 de marzo a una marcha donde pretenden comparar el terrorismo de estado con una situación de guerra para acceder a pensiones y reconocimientos.

Desde nuestra lectura, esto se enmarca en un claro fortalecimiento y avance de sectores de la derecha, envalentonados por un clima político enrarecido que recoge reclamos de mano dura y pena de muerte.

Al haber participado todos juntos de los reclamos al gobierno por el esclarecimiento de la desaparición de Julio López, y la protección de testigos, querellantes y abogados, dimos por sentado que acompañarían este llamamiento a la unidad, que permitiría realizar una demostración de fuerza en la plaza y mostrar que resistimos.

Nos equivocamos.

En cada reunión se discutieron y consensuaron consignas traídas por todos los sectores presentes. Estas consignas hoy encabezan nuestra convocatoria.

Es lamentable que una provincia tan virada a la derecha como Tucumán, encuentre un 24 de marzo con la plaza dividida en dos o más segmentos. Es mucho más lamentable aún, cuando nos encontramos ante la posibilidad de que los juicios no recaigan sólo contra Bussi y Menéndez sino también contra sectores policiales relacionados a la fuerza en actividad. La división no hace más que dejar vulnerables a los actores políticos que llevarán adelante el proceso.

Para H.I.J.O.S. este era el momento de la unidad, de la participación. El momento iniciar un proceso de fortalecimiento para los juicios. En su lugar, fuimos testigos de discusiones, de fracturas y divisiones cuyos motivos no terminamos de entender ni compartir.

H.I.J.O.S. es una organización política y de derechos humanos con un campo de acción específico. Sin embargo, históricamente desde nuestra práctica hemos acompañado y nos hemos solidarizado con cada reclamo, lucha y reivindicación del campo popular y sus organizaciones. Lo hicimos desde la convicción de que es necesario combatir la fragmentación del tejido social, consecuencia de la dictadura.

Sabíamos que las organizaciones convocadas provienen de espectros políticos e ideológicos diferentes. Empero, decidimos hacer un llamamiento amplio con la convicción de que el 24 de marzo tenía que ser un espacio que nos reúna por nuestras coincidencias y no donde intentemos o podamos resolver nuestras diferencias.

Por último, no podemos dejar de expresar lo sintomático que resulta, que en cuanto más palpable se hace la posibilidad de avanzar en condenas a los responsables del Genocidio; en cuanto más en peligro se encuentran los protagonistas de los procesos que harán posible esto, nuestra plaza estará dividida.-

Nuestro llamamiento a la unidad sigue vigente, el momento histórico que estamos viviendo así lo demanda.

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DOCUMENTO

24 de marzo de 2009…la derecha sigue conspirando.

El golpe de Estado de 1976 no fue una experiencia aislada. En un periodo muy corto de tiempo en América Latina se instalaron dictaduras cívico – militares que se dedicaron con entusiasmo asesino a reprimir al pueblo.

En la década de los 70, como ocurrió en todo el siglo XX, el derrocamiento de gobiernos democráticos contó con el aval y la asistencia de los Estados Unidos de América. El imperialismo yanqui dedicó muchos recursos económicos y políticos en la formación de los futuros torturadores.

Pronto quedó demostrado que sus mejores alumnos eran los militares argentinos.

El saldo brutal del Proceso de Reorganización Nacional es muy conocido: los 30000 desaparecidos y los más de 400 niños apropiados por los torturadores, son algunas de las atrocidades que modificaron para siempre a la sociedad argentina.

Si bien los militares eran los ejecutores, no estuvieron solos en la concreción de la barbarie. También estaban los políticos, comunicadores, intelectuales y gobiernos extranjeros como el de los EEUU, que fueron parte del plan de exterminio y beneficiarios del modelo neoliberal instalado sobre la sangre derramada.

Con el regreso a la democracia en 1983, algunos de los muchos asesinos vestidos con uniforme militar fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad pero sus socios civiles no corrieron parecida suerte. Por el contrario, pudieron reciclarse y algunos se convirtieron en gobernadores, ministros de economía, periodistas reconocidos, miembros de la corte de justicia, presidentes de organizaciones sociales, etc.

Para gente como el gobernador procesista Arnoldo Castillo no hubo juicio ni castigo.

En estos años, la gran mayoría de estos “colaboradores” lejos del solo gozar de la impunidad en el retiro de sus hogares, siguen conspirando contra la democracia y el pueblo. Son ellos, con sus herederos y los grupos de poder a los que representan, los que se alarmaron por la aplicación de las retenciones a las ganancias extraordinarias derivadas de las exportaciones de cereales. Son ellos, también, los que protestaron por las medidas que permitieron el regreso al Estado de algunas de las empresas privatizadas por el menemismo.

En el 2009 – como hace dos décadas- se proponen evitar toda reforma social y económica que pueda afectar una porción de sus ganancias e intereses. Hoy, sin los tanques ni las armas de las juntas golpistas pero con el poderoso apoyo de los medios de comunicación, hora tras hora, desestabilizan a un gobierno democrático.

Cuestiones como estas debemos recordar los argentinos en un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Un aniversario que se encuentra signado por conspiraciones y amenazas de una derecha que se propone iniciar un nuevo ciclo de contrarreformas que dejará de saldo, como siempre, a millones de nuevos pobres y una mayor concentración de la riqueza.

Y de esto debemos informarnos, también, los ciudadanos argentinos.
Conocer que muchos de los integrantes de la Sociedad Rural Argentina – la misma que hoy pide “más democracia y menos autoritarismo”- ocuparon cargos de importancia durante la dictadura. Conocer que el diario La Nación y el diario Clarín negaban la existencia de los desaparecidos y acusaban a las Madres de Plaza de Mayo de “arruinar” la imagen de la Argentina en el mundo.

Advertir que esta oposición de los grandes grupos de comunicación es parte de una estrategia para derruir toda posibilidad de discutir la democratización de la información en el país. En ese sentido, la “oposición republicana” al gobierno defiende sin fisuras a una ley de radiodifusión aprobada en la dictadura y descalifica a un proyecto que ellos y la sociedad toda, no conoce todavía suficientemente.

Valorar también, que los sectores que hoy están en contra del adelantamiento de las elecciones en defensa de la “institucionalidad” son, en su mayoría, los que apoyaron el golpe del 24 de marzo.

Hoy, hombres como Hugo Biolcatti (presidente de la S.R.A) piden una vez más que las decisiones sean de unos pocos ya que “el problema es que(los muchos) no saben votar”.

Conocer y comprender que el pueblo sufrido, explotado y tantas veces traicionado durante el siglo XX, es para la derecha solo la carne necesaria para seguir engordando.

Espacio Militante Nacional y Popular
Movimiento Social Felipe Varela, Corriente Nacional Peronismo Militante, Partido Comunista, Partido Humanista, Movimiento Universitario de Izquierda, Agrupación Universitaria Megafón, Movimiento en Defensa de la Tierra y la Vivienda. ONGs La Trama.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas políticas producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar. La fecha, instaurada como tal en 2002, es desde 2005 un día no laborable.

Proceso de Reorganización Nacional

Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado —ejecutado el 24 de marzo de 1976— que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).

La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de inclinación marxista). Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde fines de los años setenta y fueron la principal justificación utilizada por las FF. AA. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón.

Guardando continuidad con el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado en 1975 en Tucumán, la junta llevó a cabo una ofensiva contra las organizaciones guerrilleras, que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense (cuyo secretario de Estado, Henry Kissinger, avaló expresamente como medio para erradicar la «amenaza del comunismo»)..

El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados «desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

• 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti

• 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna

• 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya

• 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes

En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra un enemigo exterior. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987 se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por «crímenes de lesa humanidad» que habían cometido los militares durante la última dictadura. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que los crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, «son cometidos por agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal».

En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

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